El martes 12 de julio estaba yo en Valencia en el ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS, PROYECTO EDUCATIVO MEMORIA Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO, organizado por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Fui invitado a ese encuentro junto a víctimas del terrorismo, estudiantes, docentes y representantes institucionales porque nuestra Asociación habíamos participado a lo largo del curso académico en los “Testimonios en las Aulas”. A eso de media mañana, recibí un whatsapp de Ana Vázquez, responsable de Interior de la dirección del Partido Popular, en el que me invitaba a una reunión con todas las asociaciones y organizaciones de víctimas del terrorismo con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el jueves 14 a las 11:00h. en la segunda planta del Congreso de los Diputados. Le respondí que ese día y a esa hora ya lo tenía comprometido y que no iba a poder asistir. Me volvió a escribir hablándome de la importancia de la reunión. Le respondí que estaba abierto a reunirme con Feijóo en otro momento en que los dos pudiésemos. Le pregunté también cuál era el orden del día o el motivo de dicha reunión; no obtuve ninguna respuesta.
A los dos días me enteré por la prensa del motivo de la reunión a la que me había convocado, a la que no asistí y a la que sí asistieron otras asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. El motivo era que las víctimas del terrorismo se opusieran a la Ley de Memoria Democrática que se debatía ese mismo día en el Congreso. Feijóo quiso enfrentar a las víctimas del franquismo con las víctimas del terrorismo. Por desgracia para mí (para nada lo tengo a bien), yo soy víctima del franquismo y víctima del terrorismo. Pasé por las cárceles de Franco por luchar contra la dictadura franquista para instaurar la democracia en este país y tengo un hijo asesinado por terroristas yihadistas el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Considero que fue malintencionada la encerrona preparada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, convocándome a esa reunión sin un orden del día y con sólo dos días de antelación. A la espera sigo de que decida convocarme en fecha que podamos los dos. El 13 de septiembre recibí de la Asociación Dignidad y Justicia un escrito titulzar un cordón sanitario a los votos de sangre de Bildu hasta que sus miembros y los jefes de ETA no colaboren en la resolución de los 379 asesinatos que están aún sin resolver”. En cuanto a los casos sin resolver, desde luego nuestra posición es clara: con toda la dificultad que el asunto conlleve, la tarea del Ministerio de Justicia es llegar hasta donde tenga que llegar. En cuanto a lo de Bildu, la Asociación Dignidad y Justicia debe conocer, sólo a título de ejemplo, lo siguiente:
- “Que entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999 el Gobierno del Partido Popular ordena el acercamiento de más de 120 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y permite el regreso a nuestro país de más de 300 exiliados de la banda terrorista.
- Que el Partido Popular acercaba etarras a Euskadi cuando ETA mataba y secuestraba.
- Que “Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas» (José María Aznar, 18-12-98).
- Que Bildu a día de hoy es un partido legalizado.
- Que Javier Maroto (hoy portavoz del Partido Popular en el Senado) cuando era alcalde de Vitoria se sumó al exdirigente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, en su defensa de pactar con Bildu. “No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie. Y creo que eso es bueno. Ojalá sucediese en más foros. Ojalá cundiese el ejemplo», llegó a afirmar.
- Que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para poder debatir con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez (Feijóo no es diputado y por lo tanto no puede debatir en el Congreso) ha tenido que darse de alta en el Senado. Para ocupar un asiento en el Senado ha tenido que dejar su lugar otro senador del Partido Popular. Y ese otro que lo ha dejado no ha sido Javier Maroto. Así es que Feijóo se sienta en el Senado junto a Javier Maroto, negociador del Partido Popular con Bildu.
Volviendo al escrito de la Asociación Dignidad y Justicia, no sólo es una mentira decir que “España un paraíso para la impunidad terrorista”, es que esa frase es una irresponsabilidad que, en definitiva, perjudica el trabajo realizado y que siguen realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo. Trabajo que nosotros siempre hemos apoyado. En definitiva, nuestra Asociación tiene motivos más que suficientes para no haber firmado dicho escrito. Por lo demás, pese a los palos que nos encontramos en la rueda de nuestra tarea diaria, seguimos con las actividades y proyectos encaminados a las ayudas a las víctimas en los aspectos médicos, psicológicos, sociales, jurídicos, de formación y de Memoria, siendo así que: el Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos los grupos que la forman, una proposición de ley que modifica sustancial y decisivamente el artículo 2 de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, de la Comunidad de Madrid, para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, suprimiendo la discriminación existente entre las víctimas de los atentados sufridos en Madrid. Norma que, hasta ahora, amparaba a las que estaban empadronadas en la Comunidad de Madrid y abandonaba a las que no lo estaban. La modificación aprobada, que entrará en vigor el primer día del próximo ejercicio presupuestario, es un logro importante del que nos felicitamos todos: las víctimas de los atentados ocurridos en la Comunidad de Madrid y los grupos políticos que constituyen la Asamblea de Madrid. Desde el primer momento en que en 2017 se presentó el Proyecto de la citada ley, nos pusimos a trabajar sin descanso hasta llegar a lo que se ha conseguido hoy, habiéndose reconocido desde la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid el trabajo realizado por nuestra Asociación.
Estamos a la espera de la sentencia definitiva del juicio de los atentados en Cataluña en agosto del 2017 y trabajaremos para que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, indemnice debidamente a todas las víctimas reconocidas en Sentencia firme. Seguimos abiertos, como hemos estado siempre, a la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y también con la Generalitat de Cataluña.
Seguimos denunciando ante el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, el Jefe de Puesto de la 5ª Compañía de la Guardia Civil de Colmenar Viejo, la Directora de la Guardia Civil y el Ministro de Interior, la usurpación cometida en el monumento “Homenaje a las Víctimas del 11 de Marzo” de esta localidad. Nos consta que Teresa Jiménez-Becerril Barrio, adjunta Primera del Defensor del Pueblo, ha tramitado nuestra queja ante el Ayuntamiento de San Agustín Guadalix, presidido por el Alcalde Roberto Carlos Ronda Villegas (Partido Popular). Ante la falta de respuesta, la institución del Defensor del Pueblo se ha visto obligada a recordar por segunda vez al Ayuntamiento su deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
En cuanto al requerimiento de pago que el pasado año nos ejecutó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, desde que en el mes de diciembre de 2021 este ministerio remitiera incompleto el expediente a la Audiencia Nacional, venimos reclamando insistentemente que se aporten los documentos que faltan, especialmente el informe del auditor independiente que certificó, favorablemente y sin reproche alguno, el cumplimiento de los fines de la subvención y la correcta justificación del gasto. Casi un año después, y tras las continuas evasivas y negativas a entregarlo por parte del Ministerio, la Audiencia Nacional se lo ha vuelto a exigir por cuarta vez. Sea porque no quieren aportarlo a sabiendas de que su contenido les perjudica, o bien porque lo hayan perdido, el caso es que esta resistencia tan sorprendente, injustificada y dilatada en el tiempo abunda en el enorme perjuicio que ya se nos ha ocasionado con la exigencia de reintegro, manteniéndonos en la posición tan delicada en que nos han situado.
Ya mostramos en su día nuestro desacuerdo con que el lugar elegido por el Ayuntamiento de Madrid para hacer un monumento a todas las víctimas del terrorismo fuese un lugar donde se produjo un atentado de ETA. Nuestra propuesta fue que se eligiese un lugar que no tuviese relación con ninguno de los diferentes terrorismos sufridos en la ciudad de Madrid, pues en distintos lugares de Madrid se han producido atentados terroristas de ETA, del yihadismo, del GRAPO, de la Triple A, del Frente de Juventud, de Fuerza Nueva, del Batallón Vasco Español, de la Primera Línea FET y JONS, del FRAP, etc. Desaprobamos la falta de empatía del Ayuntamiento de Madrid hacia todas las víctimas del terrorismo.
Hemos expresado nuestra disconformidad con D. Enrique Ossorio Crespo, Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, pues en la ampliación por parte de la Comunidad de Madrid de los contenidos aprobados por el Ministerio de Educación, incluirá en el currículum de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) una mención expresa al terrorismo de ETA, “al ser un tema específico de nuestro país”, obviando de forma concreta el terrorismo yihadista del 11-M, máxime cuando estamos hablando de contenidos educativos en la Comunidad de Madrid, lugar donde se produce el mayor atentado en Madrid, en España y en suelo europeo, y donde se ha dado el mayor número de víctimas del terrorismo como consecuencia de los atentados del 11-M. No tiene un pase y es inadmisible la argumentación del Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, para no hablarles a los estudiantes “específicamente” del 11-M sufrido en su comunidad.
Una noticia importante relacionada con el 11-M que valoramos muy positivamente es el compromiso del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dotar al Centro Memorial de una segunda sede en Madrid. Ya en 2015, siendo Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, una comisión de expertos propuso crear una sede en Madrid, con especial atención al terrorismo yihadista, al haber sido Madrid escenario del mayor atentado registrado en Europa. El Edificio Medinaceli, ubicado en el céntrico barrio de Las Cortes de Madrid y propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado, albergará la sede en la capital del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Una vez entre en funcionamiento, esta sede se unirá a la existente en Vitoria-Gasteiz, inaugurada el pasado 1 de junio de 2021 por los Reyes y que en su primer año de vida ya ha recibido más de 40.000 visitantes. Seguiremos empujando para que esta segunda sede sea una realidad en el menor tiempo posible.